Argentina apela el fallo que ordena aplicar la ley de financiamiento universitario

El gobierno de Argentina apeló la resolución del juez Martín Cormick, que declaró inválido el decreto 759/2025 con el que el Ejecutivo había suspendido la ley de financiamiento universitario y ordenó su aplicación inmediata. Según el fallo, el costo de la ley en 2025 representaba cerca de 0.23% del PIB nominal proyectado, mientras que el presupuesto propuesto para las universidades equivale a 0.53% del PIB, el nivel más bajo desde 2001.

El argumento de cada parte

El juez concluyó que el decreto no supera una prueba mínima de razonabilidad. El Ejecutivo responde que la ley genera gastos sin fuente de financiamiento y que corresponde al Congreso definir de dónde saldrá el dinero. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, mantiene su meta de déficit cero y prefiere esperar la resolución de las instancias superiores.

Del lado universitario, los gremios docentes de la Universidad de Buenos Aires calificaron el fallo como histórico, pero advierten que la solución de fondo requiere presión pública sostenida.

Salarios y acuerdos pendientes

El conflicto tiene un componente salarial fuerte. De acuerdo con los sindicatos, solo los profesores titulares superan la línea de pobreza, y un auxiliar docente promedio cobra menos de 500 mil pesos argentinos netos al mes. Además, un acuerdo del 10 de junio que contemplaba aumentos salariales de 24.3% y recursos adicionales no se ha cumplido, según los gremios.

• Decreto anulado: 759/2025.
• Costo estimado de la ley en 2025: 0.23% del PIB.
• Presupuesto universitario propuesto: 0.53% del PIB.
• Marcha federal universitaria: 15 de octubre.

Los rectores convocaron a una concentración en Plaza de Mayo y a una marcha al Congreso el 15 de octubre para exigir recursos, salarios y becas.

Qué significa para la región y para México

Argentina tiene uno de los sistemas universitarios públicos y gratuitos más grandes de América Latina, y la UBA figura entre las diez mejores universidades de la región en los rankings internacionales. Un recorte prolongado afecta la retención de profesores e investigadores, que pueden migrar a otros países o al sector privado.

Para universidades privadas, plataformas de educación en línea y empresas de capacitación, la crisis abre espacio en la oferta de posgrados y formación profesional. Para México, donde las universidades públicas también enfrentan presiones presupuestales, el caso argentino muestra el costo de dejar sin resolver el financiamiento de largo plazo: litigios, paros y pérdida de talento académico.