La renuncia no cierra el caso: lo que diría una auditoría forense sobre el INE

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE no cierra nada. Abre. Y lo digo desde el oficio que he ejercido toda mi vida: cuando alguien se va en medio de una investigación, el expediente no se archiva, se vuelve más importante.

Quiero ser cuidadoso. Hasta hoy no hay una sola responsabilidad determinada. Hay señalamientos, fotos, grabaciones, contratos y dos investigaciones abiertas, una de la Auditoría Superior de la Federación y otra de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ella dice que parte de lo difundido son montajes. Puede ser. Para eso existen las auditorías: para que hablen los documentos, no las redes sociales.

Pero sí puedo decir cómo se ve este caso desde la auditoría forense, porque las señales que se han hecho públicas son exactamente las que buscamos en cualquier empresa.

Las banderas rojas

La primera es la cercanía entre quien decide y quien cobra. Un proveedor que acumula contratos y al mismo tiempo convive con la familia de la máxima autoridad de la institución no es un delito por sí mismo, pero es la definición de un conflicto de interés. Y el conflicto de interés no se mide por lo que pasó, se mide por lo que pudo pasar.

La segunda es la persona que aparece en dos lados. Según lo publicado, el chofer de la presidenta figura como representante legal de una empresa proveedora. En una auditoría, cruzar la nómina contra los representantes legales, apoderados y accionistas de los proveedores es de las primeras pruebas que se hacen. Cuando sale un nombre repetido, se jala el hilo.

La tercera son las atenciones. Un viaje, una fiesta, un brindis. En los códigos de ética de cualquier empresa seria eso tiene nombre: dádivas. No importa si se pagó con dinero público o privado; importa que crea una deuda de lealtad con quien te las da.

La cuarta es la concentración. Cuando un grupo de empresas relacionadas gana una y otra vez en distintos institutos, con requisitos que a veces solo ellas cumplen, hay que revisar cómo se diseñaron las bases, quién las redactó y si hubo competencia real.

Lo que haría una auditoría forense

Sin entrar en el caso concreto, el método es el mismo de siempre. Primero, preservar la evidencia antes de que alguien la borre; ya se reportó que algunos documentos desaparecieron de los portales. Segundo, identificar a los beneficiarios finales de cada proveedor, no solo a quien firma. Tercero, rastrear el dinero: de la institución al proveedor, y del proveedor a quién. Cuarto, probar la materialidad: que lo que se pagó se haya entregado, en la cantidad, el precio y el tiempo pactados. Y al final, solo al final, las entrevistas.

Ese orden importa. Las conclusiones salen del dinero y de los documentos, no de las fotos.

La ética no se delega

Lo que más me preocupa no son los contratos. Es el mensaje. El INE es la institución que le pide a todo el país confiar en sus números. Si quien la encabeza no puede explicar con claridad su relación con un proveedor, el daño no es solo financiero, es de confianza, y la confianza es lo único que una autoridad electoral no puede perder.

En auditoría hablamos del tono desde arriba. Los equipos aprenden de lo que el jefe tolera, no de lo que dice el código de ética colgado en la pared. Por eso la ética no se puede delegar en el área de compras ni en el órgano de control. Empieza en la cabeza.

Renunciar fue, quizá, lo correcto para proteger a la institución. Pero renunciar no es rendir cuentas. Las cuentas se rinden con documentos, y esa tarea apenas empieza. Ojalá la ASF y la UIF hagan su trabajo completo, con método y sin prisa política, y que el resultado se haga público, sea cual sea.